Militar implicado en el Caso Ayotzinapa solicita amparo contra la prisión preventiva
El capitán José Martínez Crespo fue el primer militar detenido en 2020 por su presunta relación con el Caso Ayotzinapa
El capitán José Martínez Crespo, uno de los militares relacionados en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, tramitó un amparo contra su prisión preventiva.
Información de El Universal apuntó este martes que la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Abigail Ocampo Álvarez, declinó competencia para conocer del juicio de amparo de Martínez Crespo,y lo remitió al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, en la entidad mexiquense, para su conocimiento.
“Este juzgado se declara carecer de competencia para conocer del juicio de amparo y se ordena remitir al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en Toluca, Estado de México”, se apuntó.
Martínez Crespo, uno de los mandos operativos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, en Guerrero, fue el primer militar detenido por el Caso Ayotzinapa en noviembre de 2020, y actualmente se encuentra detenido en el Campo Militar 1-A.
El militar es señalado por el Ministerio Público Federal por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, razón por la cual el pasado 31 de enero recurrió a la protección de la justicia contra la “omisión de inaplicar la medida cautelar consistente en la prisión preventiva en la causa 5/2020”.
Según la desacreditada versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), conocida como la ‘verdad histórica‘, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero.
En 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador reabrió las pesquisas y creó una Comisión de la Verdad, a cargo de Encinas, que en 2022 concluyó que fue un crimen de Estado con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.
Sin embargo, las familias de los desaparecidos denuncian que persiste la falta de voluntad del Gobierno y que las presiones del Ejército han impedido nuevos avances.
