La extinción de fideicomisos del Poder Judicial es aprobada en lo particular con el voto afirmativo de Morena y sus aliados
‘Los recursos de los fideicomisos no se reintegrarían en automático a la Tesorería de la Federación, sino que deberán ser aplicados para cumplir todas las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan’, dijo el diputado morenista Erasmo González Robledo.
La Cámara de Diputados aprobó la noche del martes la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que suman más de 15,000 millones de pesos.
En lo particular, el documento fue avalado con 260 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 196 en contra de PRI, PAN, PRD, y MC, con la adición de un artículo transitorio. En lo general se aprobó por 259 votos a favor, 205 en contra y 1 abstención. Se remitió al Senado para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.
El dictamen añade un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fondos y fideicomisos.
Se establece que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.
La reforma legal implica la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que mantienen el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral. El decreto dispone que en un plazo de 120 días, a partir de su entrada en vigor, se suscriban los convenios de extinción o terminación.
Los 13 fideicomisos estaban destinados a pensiones complementarias a mandos superiores, planes privados de prestaciones médicas, mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, entre otros. Las obligaciones deberán ser atendidas con recursos de los propios fideicomisos.
El Pleno aceptó adicionar un artículo quinto transitorio para señalar que los recursos deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a los programas que a permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.
El Poder Judicial de la Federación, a través de sus órganos competentes deberá publicar un informe individual, desagregado y pormenorizado por cada fideicomiso extinguido, en el cuál se indiquen los montos entregados a la Tesorería de la Federación.
Además, el Poder Judicial de la Federación tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles para publicar el informe, a partir del día siguiente al que se realice la entrega a la Tesorería.
La propuesta fue impulsada por el líder de la bancada morenista, Ignacio Mier Velazco, y presentada por el diputado Víctor Gabriel Varela López (Morena).
Mier Velazco señaló que “desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido”. Acusó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, de “intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del poder judicial como un escudo humano”, esto en alusión a las protestas que se registraron lunes y martes, convocadas por el sindicato del Poder Judicial.
Negó que se trate de una reforma ilegal y dijo que está apegada a la división de poderes.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Erasmo González Robledo (Morena), encargado de la fundamentación de la propuesta, expresó que el objetivo del dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos en todos los niveles y sectores del Estado mexicano.
“Los recursos de los fideicomisos no se reintegrarían en automático a la Tesorería de la Federación, sino que deberán ser aplicados para cumplir todas las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan”, detalló.
González Robledo dijo que únicamente los recursos remanentes serían reintegrados a las tesorerías correspondientes de los propios órganos del Poder Judicial y, posteriormente, a la Tesorería de la Federación. Para ello, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral deberán realizar una cuidadosa revisión de las obligaciones derivadas precisamente de estos instrumentos financieros y garantizar su cumplimiento.
El diputado panista, Oscar de Jesús Almaraz, acusó que el dictamen debilita la democracia y atenta contra uno de los tres poderes que comprometen el Estado; es inconstitucional y carece de fundamentación normativa suficiente para ejercer de manera efectiva los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, “porque un acto legislativo no puede extinguir un negocio jurídico bancario legalmente constituido como son los fideicomisos creados para un fin específico”.
Destacó que los 13 fondos y fideicomisos que se pretenden extinguir se han constituido también con recursos de los trabajadores del Poder Judicial, no sólo con recursos públicos que derivan en asignaciones presupuestales. Este dictamen, agregó, contraviene el principio de progresividad y afecta de manera directa e indirecta los derechos laborales Y sociales de todos los trabajados de dicho Poder.
En su intervención, el diputado del PRI, José Francisco Yunes, mencionó que el dictamen rompe la normalidad constitucional, “atenta contra el principio de división de poderes cuando un Poder se arroga la facultad de disponer de los activos, de los recursos o de los fideicomisos de otro”.
Recalcó que la reforma atenta contra los derechos y contra la seguridad social de los trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado porque “esos fideicomisos, de los cuales el Poder Ejecutivo busca apropiarse, le dan garantía de las prestaciones y de los derechos laborales”.
Por parte de Movimiento Ciudadano, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg afirmó que no se siguió el procedimiento legislativo correspondiente, por lo que adelantó que ello dará pie a amparos, acciones de inconstitucionalidad y se resolverá nuevamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que se pretende, dijo, es una nacionalización de recursos privados; es un antecedente gravísimo, pues tal vez lo que siga será nacionalizar las cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social o las Afores. “Es un precedente grave y se afecta a personas de carne y hueso. Debemos dialogar para no volver a cometer errores como los suscitados en los fideicomisos anteriores”.
